En el contexto facilitado la mejor traducción sería: “Negociación de plusvalías”.
La opción: “Negociaciones sobre las ganancias de capital” sería peor y marginalmente válida (necesidad de justificar una traducción inversa literal: “Capital gains negotiations”).
Si la traducción tuviera como destino Perú, la traducción sería: “Negociación de sobreganancias”.
En contexto, la traducción “Negociación patrimonial” no es válida.
La frase facilitada por Karina puede ser correctamente entendida en tanto en cuanto el traductor adscriba a “tax claims” la siguiente equivalencia: “reivindicaciones fiscales”.
La frase cursa en el sentido de que los gobiernos utilizan la amenaza de legislar reivindicaciones fiscales y establecer marcos tributarios más estrictos (mediante la aplicación de impuestos a las plusvalías, aka impuestos a las sobreganancias) para negociar desde una posición de ventaja durante una eventual negociación de plusvalías. Supongamos que en un determinado contexto internacional se produce una subida del precio de un mineral o del petróleo, esta subida de precio genera una plusvalía que revierte directamente en la compañía minera, entonces el gobierno de turno reacciona solicitando parte de esa plusvalía. El gobierno consciente de la existencia de la plusvalía puede intentar renegociar una mayor intervención de las empresas públicas o una regalía que estipule condiciones más ventajosas y entonces la compañía replica objetando que ya existe una relación contractual que debe ser respetada. La respuesta del gobierno sería: negocias o procedo a legislar condiciones fiscales más estrictas para quedarme con la parte de la plusvalía que considero que me corresponde. En contexto para aplicar el impuesto a las plusvalías el Reino Unido argumentó que esta era una medida legítima aplicable mediante alícuotas progresivas debido a que el régimen fiscal en vigor había permanecido invariable durante varios años. Actualmente en el caso del Perú y el gobierno del señor Humala, el impuesto a las sobreganancias ya se planteaba como una propuesta-promesa electoral y las negociaciones con las compañías mineras no pretenden dilucidar si el impuesto se va a aplicar sino en qué medida y en qué condiciones se va a aplicar.