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Spanish to English: Trabajan para ampliar los limitados servicios de salud mental en comunidades hispanas en Chicago General field: Other Detailed field: Journalism
Source text - Spanish Trabajan para ampliar los limitados servicios de salud mental en comunidades hispanas en Chicago
Defensores de la salud mental y pacientes quieren que se reabran las seis clínicas públicas de salud mental cerradas 2012, pero hoy la alcaldesa Lori Lightfoot y expertos impulsan un enfoque más amplio para dar atención a pacientes
Belhú Sanabria y Jesús Del Toro
La Raza
Chicago – La atención de los problemas de salud mental es de importancia crítica para las comunidades de Chicago, pues además de los padecimientos originados en situaciones médicas, psiquiátricas o psicológicas individuales o familiares, muchas personas se encuentran bajo enorme presión por haber sido víctimas o testigos de violencia, sufrir acoso, enfrentar problemas de pobreza o desempleo o padecer incertidumbre por el estatus migratorio, por solo mencionar algunos de los retos que enfrentan la comunidades latinas de Chicago.
La pandemia de Covid-19 y la crisis económica que ha desatado han agravado los problemas que muchas personas enfrentan, y si a eso se añade el estrés por la enfermedad en sí, el desempleo, el confinamiento y otros factores, la necesidad de mayores recursos y opciones de atención en salud mental son imperativos para la población de Chicago.
Con todo, los barrios habitados mayormente por minorías han enfrentado carencias en la disponibilidad y alcance de la atención en materia de salud mental, un problema que se agudizó en 2012 con el cierre de seis clínicas de salud mental operadas por el municipio, ubicadas en el sur y el oeste de Chicago.
Ante ello, se ha registrado un movimiento en dos vías. Una ha exigido que la Alcaldía reabra esas seis clínicas especializadas en salud mental, una propuesta que la actual alcaldesa Lori Lightfoot apoyó durante su campaña electoral en 2019. La otra ha sido ampliar la capacidad de las clínicas especializadas actuales y apoyar a otras, operadas por organizaciones y entidades diversas, para incrementar las opciones de atención en Chicago. Aunque Lightfoot apoyó en su campaña la primera vía, hasta ahora sus acciones se han enfocado en la segunda.
La crisis del coronavirus ha catalizado la ampliación de esos servicios por parte de la ciudad y otras entidades, a causa de la enorme presión sobre la salud mental de la población que ha provocado la pandemia, pero la reapertura de las seis clínicas es aún una meta incumplida.
“Hay mucho trabajo por hacer en la comunidad”
Tener depresión no le ha impedido salir adelante en la vida. Estela Díaz reconoce que es una lucha constante con altibajos, pero añade que compartir su experiencia además de ayudar a la gente también le ha servido terapéuticamente.
Díaz, de 41 años, sufrió abuso sexual cuando tenía seis años. Esta dura experiencia le provocó ataques de pánico, ansiedad y depresión. “No sabía que tenía depresión sino hasta que llegué a la edad adulta, más o menos a los 22 años, que me dio un ataque de pánico y ansiedad en la calle. Fui al médico y me recetó antidepresivos y pastillas para dormir pero no me refirió a ningún consejero o terapista”.
Díaz estuvo tomando medicamentos por años porque las crisis de depresión y ansiedad seguían, hasta que a la edad de 35 años intentó suicidarse sin éxito.
Díaz empezó a involucrarse como voluntaria en la escuela de sus hijos y fue allí a donde llegaron dos terapistas para hablar sobre salud mental. Ella les compartió su experiencia y le ofrecieron ayudarla. “Ofrecieron darme el apoyo en terapia de grupo, no terapia individual porque la lista de espera estaba ya saturada. Tuve que esperar mucho tiempo para obtener la terapia uno a uno que es lo que yo estaba necesitando”.
Díaz recibe terapia individual cada semana desde hace dos meses y trabaja para la campaña de salud mental de la organización Brighton Park Neighborhood Council (BPNC) desde hace un año. “El escuchar todas esas experiencias y sabiendo que he podido ayudar a más gente de la comunidad que está en una situación como la mía o está empezando o está en una situación peor que la mía me llena de satisfacción, aunque falta más esfuerzo y mucho trabajo por hacer en la comunidad”.
Tras batallar por años para recibir terapia individual, Díaz asegura que reabrir las seis clínicas de salud mental de la ciudad cerradas durante la gestión del alcalde Rahm Emanuel sería una excelente opción para los pacientes de bajos recursos que buscan estos servicios en comunidades de minorías.
Las preocupaciones más grandes en el área de salud mental son la depresión, la ansiedad, el estrés por la aculturación, la necesidad de apoyo para padres y los traumas.
En un estudio realizado en 2018 se halló que al menos 178,000 personas en Chicago informaron que durante el año previo necesitaron atención de salud mental durante pero no la obtuvieron, según una encuesta del Departamento de Salud Pública de Chicago.
La alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot ha destinado un presupuesto de $9.3 millones para proveer un sistema coordinado e integral de atención en la salud mental.
Lightfoot, cuando era candidata a la alcaldía de Chicago, hizo campaña con la promesa de reabrir las seis clínicas de salud mental cerradas por Emanuel en 2012. Pero hasta la fecha esas clínicas públicas no se han reabierto y la estrategia de la alcaldía se ha enfocado en ampliar los servicios existentes y en apoyar a otras organizaciones dedicadas a la atención la salud mental.
En una declaración a La Raza, la oficina de Lightfoot indicó que los citados 9.3 millones de dólares serán usados para “financiar 20 centros de salud públicos y de entidades no lucrativas para expandir la atención en vecindarios con alta necesidad y sin que importe la capacidad de pago de los pacientes o el estatus de su seguro”.
“funding 20 public and nonprofit health centers to expand care in high-need neighborhoods, regardless of patients’ ability to pay or insurance status.”
Además, esos recursos serán destinados a “crear programas de prevención de la violencia para atender las necesidades de salud mental de las comunidades más impactadas por la violencia y la pobreza, invertir en equipos de prevención y respuesta para personas que tienen retos de salud mental adicionales y tienen problemas para acceder a las clínicas físicas, y coordinar el sistema de salud mental de la ciudad para asegurar que cada residente pueda acceder a la atención que requiera cuando la requiera, incluyendo una línea de ayuda 311 mejorada”.
“creating violence prevention programming to address mental health needs in communities most impacted by violence and poverty; investing in crisis prevention and response teams for people who have additional mental health challenges and have trouble accessing brick-and-mortar clinics; and coordinating the city’s mental health system to ensure every resident can access the care they need, where they need it, including an enhanced 311 helpline.”
Disparidad en servicios de salud mental
Arturo Carrillo, coordinador de la Colaborativa para el Bienestar Comunitario, ha abogado para que se reabran las seis clínicas de salud mental de la ciudad cerradas durante la gestión de Emanuel porque dice que son muy necesarias para los pacientes. “Estas son las clínicas que nosotros con nuestros esfuerzos aseguramos que puedan servir a las personas que no tienen seguro médico brindándoles acceso a servicios de salud mental”.
Según las investigaciones de la Colaborativa, los terapistas que están entrenados para dar este tipo de servicios a personas que han experimentado trauma en su vida se encuentran en las comunidades más ricas que pueden pagar de modo importante por esos servicios.
“Si ves el mapa en todo Chicago, las comunidades latinas son los que menos tienen acceso a salud mental, mientras que las comunidades blancas tienen una proporción de terapistas muy alta”, dijo Carrillo.
En 2018, la Colaborativa para el Bienestar Comunitario informó que mientras en el área del Gold Coast de Chicago, de las más ricas de la ciudad, había 381 profesionales de la salud mental con licencia (4.45 por cada 1,000 residentes), las comunidades de bajos ingresos del lado del suroeste tenían 63 profesionales (0.17 por cada 1,000 residentes).
Este informe se centró en 2,859 adultos de suroeste de Chicago de 10 comunidades: Archer Heights, Barrio de Las Empacadoras, Brighton Park, Chicago Lawn, Gage Park, La Villita, McKinley Park, Pilsen, West Elsdon y West Lawn.
Las clínicas públicas
Parte de los servicios de salud mental en Chicago son ofrecidos por cinco clínicas públicas especializadas operadas por el Municipio y una por el Condado de Cook y por clínicas médicas comunitarias generales, que ofrecen atención en materia de salud mental como uno de los diversos servicios de salud que prestan.
Algunos pacientes dicen que en las clínicas médicas hay listas de espera y que las terapias duran entre 20 a 30 minutos.
“Tengo este trauma desde los seis años y ahora tengo 41 años y en una sesión de 20 minutos a mi no me hacen sentir mejor… El terapista está viendo el reloj haber a qué hora acaba, no tiene sentido”, mencionó Díaz.
“Las clínicas públicas ahora no tienen lista de espera. Las clínicas médicas que proponen tener servicios de salud mental dan citas de media hora, es muy poco tiempo para dar una consulta cuando una persona está hablando sobre una experiencia de violación, experiencia de trauma que han vivido en su vida”, dijo Carrillo. Y agregó que en las clínicas públicas tienen el tiempo y espacio para dar las consultas de una hora, pero como quedan solo cinco clínicas no hay suficientes para servir a toda la comunidad.
En el análisis hecho por la Colaborativa para el Bienestar Comunitario en barrios mayoritariamente mexicanos en el suroeste de Chicago se encontró que 80% de los latinos encuestados dijeron que de modo seguro o muy probablemente buscarían ayuda profesional para atender sus problemas. Pero el costo y la falta de servicios resultaron ser las principales barreras para acceder a esos servicios de salud mental.
“Estamos pidiendo a la alcaldesa Lightfoot lo que es necesario, más que nada es que se contraten los terapistas y si no pueden trabajar en esas cinco clínicas porque no están al alcance de la comunidad veamos otras posibilidades donde puedan trabajar, por ejemplo con las escuelas, con las bibliotecas, con centros comunitarios, para que estos terapistas de la ciudad estén en las comunidades trabajando en alianza con las organizaciones que puedan brindarles el espacio pero no tienen la forma de contratar personal”, indicó Carrillo.
“Necesitamos más enfoque y más fondos para otros recursos”
Según Jessica Boland, directora de los servicios de salud mental en el Centro de Salud Esperanza, las clínicas de la ciudad de Chicago son buenas porque ofrecen servicios de terapia y de consejería gratis, pero estas pueden atender a un porcentaje muy pequeño de los residentes de Chicago. “Los servicios de estas clínicas sí son importantes, pero no son los únicos recursos. Necesitamos más enfoque y más fondos para otros recursos por toda la ciudad también, porque hay otro tipo de proveedores, otras clínicas, organizaciones que también estamos haciendo este trabajo de tratamiento de salud mental”.
De acuerdo a datos proporcionados por la oficina de la alcaldesa Lightfoot, en Chicago hay más de 100 clínicas que reciben fondos públicos y ofrecen servicios de salud mental. El 25% del personal clínico actual es bilingüe inglés y español.
Para Boland, Chicago cuenta con profesionales que brindan servicios de salud mental pero el problema es que no hay los suficientes trabajando en los vecindarios donde hay más necesidad.
En las áreas más ricas de la ciudad, como en el centro o en los vecindarios de Wicker Park y Gold Coast, el número de profesionales de salud mental, terapistas y psicólogos, es mucho mayor.
En cambio, en áreas latinas como La Villita la proporción de profesionales es sustancialmente menor.
En cuanto a las barreras para acceder a la atención de salud mental, Boland mencionó la transportación porque muchas veces los sitios donde hay servicios de salud mental no están cerca de donde viven las personas. El costo de la cita es otra barrera especialmente para las personas sin seguro médico, además del idioma y el estigma.
“El problema es más complejo que el abrir o cerrar clínicas”
El concejal del Distrito 12, George Cárdenas, quien presidió el Comité de Salud de la ciudad en el tiempo que se cerraron las citadas clínicas dijo que el enfoque en salud mental debe ser integral. “Una persona con problemas de salud mental es probable que tenga otro tipo de problemas, por ejemplo falta de vivienda, enfermedad, desempleo, adicciones, se está divorciando, perdió la custodia de sus hijos o está presionada por mil cosas”.
En ese sentido, Cárdenas dijo que hay que ver cómo se puede mejorar y cómo se puede dar mejor servicio a la gente. “No solo servicios de salud mental sino de todo tipo, como sociales, de acceso a trabajo, porque todo es un conjunto”.
Para Esther E. Sciammarella, directora ejecutiva de la Coalición para la Salud Hispana de Chicago, el problema es más complejo que abrir o cerrar clínicas. “La idea es integrar salud con salud mental, no puedes considerar salud mental algo independiente de lo que es salud”, dijo.
Sciammarella, quien también integra el Grupo de Trabajo de salud mental de la ciudad, es de la idea que hay que tener sistemas más integrales y menos fragmentados que ayuden a la comunidad. “Al paciente que se le atiende por salud mental, hay que ver qué otras cuestiones subyacentes o condiciones de enfermedad tiene. No es tratar un tema sino ver una cosa más comprensiva holísticamente”.
La alcaldesa Lightfoot coincide con ello. De acuerdo a una declaración de su oficina a La Raza, el plan en materia de salud mental para Chicago “construirá equidad y transformará la atención en salud mental mediante la inversión y el apoyo de un sistema holístico que priorice a las personas y comunidades que más lo necesitan”.
“will build equity and transform mental healthcare by investing in and supporting a holistic system of care that prioritizes the people and communities most in need.”
Esfuerzos ante el Covid-19
La crisis del Covid-19 ha agudizado los problemas de salud mental que muchas personas sufren en Chicago, y ante ello la alcaldesa Lightfoot anunció hace algunas semanas nuevas iniciativas para atenderlos.
Lightfoot dijo, en un comunicado, que “estos problemas [de salud mental] que estamos atendiendo no empezaron cuando el Covid-19 golpeó nuestra ciudad, y no van a terminar con la epidemia tampoco. Nosotros continuaremos trabajando con los defensores, expertos, pacientes y comunidades de nuestra ciudad para mejorar el cuidado de la salud mental en Chicago y dar a nuestros residentes y familias el apoyo que muchos necesitan desesperadamente.
“the issues we’re addressing now didn’t start when COVID-19 hit our city, and they aren’t going to end with it either. We will continue to work with our city’s advocates, experts, patients and communities to enhance mental healthcare in Chicago and give our residents and families the support many so desperately need.”
Por ejemplo, el Departamento de Salud de Chicago se ha vinculado a cuatro organizaciones de salud mental comunitarias para ampliar el acceso de personas que sufren esquizofrenia, desorden bipolar y otros desórdenes relacionados. $1.2 millones en apoyo han sido asignados en apoyo de las organizaciones Friend Health, Healthcare Alternative Systems, Thresholds y Trilogy Behavioral Healthcare.
Varias de las clínicas de esas organizaciones se encuentran en barrios con alta concentración de hispanos.
Y, en un comunicado, la comisionada del Departamento de Salud de Chicago, Allison Arwady, anunció la adquisición del sistema de telemedicina doxy.me, que será utilizado para ofrecer servicios digitales de salud mental en las cinco clínicas de salud mental operadas por el municipio. Esos servicios se ofrecerán sin importar el nivel de ingreso, el estatus de seguro médico o la situación migratoria de los pacientes.
El Departamento de Salud ofrecerá asistencia a otras organizaciones de salud para incrementar sus capacidades de proveer servicios de telemedicina en el contexto de la presente pandemia de Covid-19.
Recursos de salud mental durante la pandemia
• La organización National Alliance on Mental Illnessl (NAMI) ofrece una línea telefónica de ayuda con asesoría sobre salud mental. Llame al 311 o directamente al 833-626-42-44. Una guía de recursos en español está disponible en www.nami.org/Support-Education/NAMI-HelpLine/COVID-19-Information-and-Resources/Covid-19-Guia
• Servicios gratuitos de teleterapia de los centros de salud mental del Departamento de Salud de Chicago pueden obtenerse en el 312-747-1020.
• Fuera del horario laboral puede obtener ayuda las 24 horas enviando el texto HOME al número 741741.
• Más información sobre Covid-19 en Chicago en www.chicago.gov/coronavirus.
Translation - English Advocates push for expansion of mental healthcare to Latino communities
In 2012, six public mental health clinics were closed, seriously aggravating the lack of access to mental health to thousands of Hispanics residing in Chicago. Today, advocates and patients want them reopened, but Mayor Lori Lightfoot and experts are pushing for a different approach to mental healthcare
Belhú Sanabria and Jesús Del Toro
LA RAZA
Chicago – The access to mental healthcare is increasingly becoming a critical need for Chicago’s Latino communities. In addition to the disorders that stem from medical, psychiatric, or psychological conditions, many Hispanics face additional pressure as they may be victims or witnesses of violence or harassment, face poverty or unemployment, live in uncertainty due to their immigration status, among a myriad of other challenges.
The Covid-19 pandemic and the economic crisis it has unleashed have exacerbated the problems many people face. More resources and mental healthcare options are more imperative than ever for Chicagoans as they face the dangers of the disease itself, unemployment, confinement, and other issues.
All in all, neighborhoods inhabited mostly by minorities have faced deficiencies in the availability and scope of mental healthcare. This problem worsened in 2012 with the closure of six municipally-operated mental health clinics in the south and west sides of Chicago.
Given this, a movement to fight healthcare disparities has shifted into two different directions. One move has been to demand City Hall to reopen all six specialized mental health clinics, a proposal that Mayor Lori Lightfoot supported during her electoral campaign in 2019.
The other push has been to expand the specialized clinics' capacity and support other clinics that are being operated by organizations and entities to provide a range of options to Chicago residents.
Although Mayor Lightfoot supported the first option in her campaign, her actions have focused on the second.
However, the coronavirus crisis has catalyzed the expansion of these services by the City and other entities, due to the enormous pressure on the population's mental health caused the pandemic. Still and yet, the reopening of the six clinics is a promise that hasn’t been fulfilled.
‘There is a lot of work to do in the community’
Living with depression has not stopped Estela Díaz from getting ahead in life. She acknowledges that it is a constant struggle with ups and downs, but says that sharing her experience as well as helping people has been therapeutic.
Díaz, 41, suffered sexual abuse when she was 6 years old . This traumatizing experience caused her to have panic attacks, anxiety, and depression. "I didn’t know I suffered from depression until I reached adulthood, more or less at age 22, when I suffered a panic attack and anxiety in public. I went to the doctor, and he prescribed antidepressants and sleeping pills, but he did not refer me to any counselor or therapist.”
As her depression and anxiety worsened, Díaz continued taking medication for years. At the age of 35, she tried to commit suicide.
Díaz began to volunteer at her children's school, and it was there where two therapists came to talk about mental health. She shared her experience, and they offered help. “They offered to give me the support in group therapy, not individual therapy because the waiting list was already full. I had to wait a long time to get one-on-one therapy, which I was needing.”
Díaz has been receiving individual therapy every week for two months and has been working for the Brighton Park Neighborhood Council (BPNC) mental health campaign for a year. “Hearing all those experiences and knowing that I have been able to help more people in the community who are in a situation like mine, or are starting to, or are in a worse situation than mine, fills me with satisfaction, although we still have much work to do in the community.”
After struggling for years to receive individual therapy, Díaz says that reopening the City's six mental health clinics closed during Mayor Rahm Emanuel's tenure would be an excellent option for low-income patients seeking these services in minority communities.
The biggest concerns in the mental health area are depression, anxiety, stress from acculturation, the need for parental support, and trauma.
A 2018 study found that at least 178,000 people in Chicago reported that they needed mental healthcare during the previous year but did not get it, according to a survey by the Chicago Department of Public Health.
Chicago Mayor Lori Lightfoot has allocated a budget of $9.3 million to provide a coordinated and comprehensive mental healthcare system.
When Lightfoot was running for mayor, she campaigned to reopen the six mental health clinics. But to date, those public clinics have not reopened. Lightfoot’s strategy to tackle this crisis has instead focused on expanding existing services and supporting other organizations dedicated to mental healthcare.
In a statement to La Raza, her office indicated that the $9.3 million would be used to "funding 20 public and nonprofit health centers to expand care in high-need neighborhoods, regardless of patients' ability to pay or insurance status."
Besides, these resources will be used to “creating violence prevention programming to address mental health needs in communities most impacted by violence and poverty; investing in crisis prevention and response teams for people who have additional mental health challenges and have trouble accessing brick-and-mortar clinics; and coordinating the city's mental health system to ensure every resident can access the care they need, where they need it, including an enhanced 311 helpline.”
The disparity in mental health services
Arturo Carrillo, coordinator of Healthcare Alternative Systems (HAS) , has advocated for the reopening of the City's six mental health clinics closed during Emanuel's administration. "These are the clinics that we, with our efforts, ensure that they can serve the uninsured by providing access to mental health services."
According to HAS’ research, therapists who are trained to provide these services to people who have experienced trauma in their lives are in the wealthiest communities that can most certainly afford these services.
“If you look at the map across Chicago, Latino communities have the least access to mental health, while white communities have a very high ratio of therapists," Carrillo said.
In 2018, HAS reported that while in the Chicago's Gold Coast area, one of the wealthiest in the City, there were 381 licensed mental health professionals, or 4.45 per 1,000 residents, whereas, in low-income communities on the southwest side, there were only 63 professionals or 0.17 per 1,000 residents.
This report focused on 2,859 adults from the southwest side from 10 communities: Archer Heights, Back of the Yards, Brighton Park, Chicago Lawn, Gage Park, Little Village, McKinley Park, Pilsen, West Elsdon, and West Lawn.
Public clinics
Part of mental health services in Chicago are offered by five specialized public clinics operated by the City of Chicago and one by Cook County, and by general community medical clinics, whose services include mental healthcare.
Some patients say that there are waiting lists in nonpublic medical clinics and that the therapy sessions they offer only last between 20 to 30 minutes.
"I have had this trauma since I was 6 years old, and now I am 41 years old, I won’t get better in a 20-minute session. The therapist is watching the clock to see when the session will end. It doesn’t make any sense," Díaz said.
“Public clinics now have no waiting list . Medical clinics that propose to offer mental health services give half an hour appointments. It is very little time to consult when a person is talking about an experience of rape [or another traumatic] experience that they have lived in their life," said Carrillo. Also, he added that public clinics have the time and space to give one-hour consultations, but since there are only five clinics, there are just not enough clinics to serve the entire community.
The analysis conducted by HAS in mostly Mexican neighborhoods in southwest Chicago found that 80 percent of Latinos surveyed said that they would surely or very likely seek professional help to address their problems. But cost and lack of services turned out to be the main barriers to accessing mental health services.
"More than anything, we are asking Mayor Lightfoot to hire therapists. If they cannot work in those five clinics because they are not within the community's reach, let's see other possibilities where they can work, for example, with schools, libraries, and community centers, so that these therapists [work] in the communities in partnerships with organizations that can provide them with the space [and] don’t have the way to hire personnel," Carrillo said.
‘We need more focus and more funds for other resources’
According to Jessica Boland, director of mental health services at Hope Health Center, Chicago city clinics are good because they offer free counseling and therapy services, but they can serve a very small percentage of residents. “The services in these clinics are important, but they are not the only resources. We need more focus and more funding for other resources across the City as well, because there are other types of providers, other clinics, organizations that are also doing this mental health treatment work.”
According to data provided by Mayor Lightfoot's Office, there are more than 100 clinics in Chicago that receive public funds and offer mental health services. About 25 percent of the current clinical staff are bilingual in English and Spanish.
For Boland, Chicago has professionals who provide mental health services, but the problem is that there aren't enough of them working in neighborhoods where there is the greatest need.
In the City's wealthiest areas, such as downtown or the Wicker Park and Gold Coast neighborhoods, the number of mental health professionals, therapists, and psychologists is much higher. In contrast, in Latino areas, such as Little Village, the number of mental healthcare professionals is substantially lower.
Regarding barriers to accessing mental healthcare, Boland mentioned transportation because these mental health services are often not close to where people live. The appointment cost is another barrier, especially for the uninsured, in addition to language and stigma .
‘The problem is more complex than opening or closing clinics’
District 12 Councilman George Cárdenas, who chaired the City's Health Committee at the time the six clinics closed, said the focus on mental health should be comprehensive. "A person with mental health problems is likely to have other types of problems, such as homelessness, illness, unemployment, addictions, [is more likely to] divorce, lost custody of their children, or is pressured by a thousand things."
In this sense, Cárdenas said that we must see how we can improve and how we can better serve people. "Not only mental health services but of all kinds, such as social, access to work because everything is a set."
For Esther Sciammarella, executive director of the Chicago Hispanic Health Coalition, the problem is more complex than the opening or closing clinics. "The idea is to integrate health with mental health. You cannot consider mental health something independent of what health is," she said.
Sciammarella, who is also a member of the City’s working group on mental health, believes that systems need to be more integrated and less fragmented. “We have to look at what other underlying issues or conditions of illness the mental health patient has. It’s not about a one-issue topic but rather treating the case comprehensively and holistically.”
Mayor Lightfoot agrees. According to a statement from his office to La Raza, the Chicago mental health plan “will build equity and transform mental healthcare by investing in and supporting a holistic system of care that prioritizes the people and communities most in need.”
Efforts against the Covid-19
The Covid-19 crisis has exacerbated the mental health problems that many people suffer in Chicago. In light of this problem, Mayor Lightfoot announced a few weeks ago new initiatives to address them.
Lightfoot said in a statement that “the [mental health] issues we're addressing now didn't start when COVID-19 hit our City, and they aren't going to end with it either. We will continue to work with our city advocates, experts, patients, and communities to enhance mental healthcare in Chicago and give our residents and families the support many so desperately need.”
For example, the Chicago Department of Public Health has teamed up with four community mental health organizations to expand access for people with schizophrenia, bipolar disorder, and other related disorders. About $1.2 million in support has been allocated in support of organizations, including Friend Family Health Center, Healthcare Alternative Systems, Thresholds, and Trilogy Behavioral Healthcare.
Several of those organizations’ clinics are located in neighborhoods with a high concentration of Hispanics.
And, in a statement, Chicago Department of Public Health Commissioner Allison Arwady announced the acquisition of doxy.me, a telemedicine system that will offer digital mental health services at the five municipally operated mental health clinics. Those services will be provided regardless of the patients’ income, health insurance status, or immigration status.
The Chicago Department of Public Health will also offer assistance to other health organizations to increase their capacities to provide telemedicine services during the Covid-19 pandemic crisis.
Mental health resources during the pandemic
The National Alliance on Mental Illness (NAMI) offers a helpline with mental health advice. Call 311 or directly at 833-626-4244. A resource guide in Spanish is available at www.nami.org/Support-Education/NAMI-HelpLine/COVID-19-Information-and-Resources/Covid-19-Guia
• Call 312-747-1020 for free telehealth therapy services from the Chicago Department of Health mental health centers
• Text HOME to the 741741. This service is available 24-hours a day.
• For more information on Covid-19 in Chicago, visit www.chicago.gov/coronavirus.
English to Spanish: Top Lawmakers blow through contribution limits General field: Other Detailed field: Journalism
Source text - English HED:
Top Lawmakers blow through contribution limits
DEK:
Democrats violate the spirit of a law they authored. Republicans take advantage of loopholes in legislation they opposed. Both sides reap millions from big-money contributors.
By Sandy Bergo and Chuck Neubauer, Better Government Association
In 2009, with yet another governor ensnared in scandal, Illinois’ Democratic legislative leaders authored a package of laws they promised would begin to reform Illinois’ culture of corruption.
One of the biggest items in the legislative package would finally establish statewide limits on campaign contributions, a measure Illinois was one of the last states to adopt.
House Speaker Michael Madigan, who sponsored the legislation, hailed it as a way to “help restore public confidence in Illinois government.” State Sen. Don Harmon, the Democratic sponsor in the Senate, praised it for enacting “historic contribution caps, real disclosure requirements and strict enforcement measures.”
But years later, Madigan and Harmon are using a controversial loophole written into the reform bill to raise millions of dollars above the limits the legislation set. Their Republican colleagues have also blown past the limits, as all four men have collected a combined $44 million more than the contribution limits allow, a Better Government Association examination shows.
Most of that money was doled out to support favored candidates in their respective chambers, records show, as part of a longstanding tactic to win loyalty and ensure their own status atop their party hierarchy.
“They completely gamed it,” said Cynthia Canary, former executive director of the organization now called Reform for Illinois, who helped negotiate the decade-old reform measure.
At the time, the law limited individual campaign contributions to $5,000 per politician, corporate and union contributions to $10,000 and contributions from political action committees to $50,000.
All four leaders are unapologetic about bypassing the limits as part of a political strategy they say is necessary for their parties to compete in elections.
“As a leader in the fight against radical Republicans and the party of Donald Trump, I will not surrender any tool to elect Democrats to stop them,” said Harmon of Oak Park, who in January succeeded John Cullerton as Illinois Senate president.
The tool Harmon refers to is dubbed the “millionaire’s exemption,” which allows all candidates in a General Assembly race to exceed legal campaign limits and raise unlimited funds from contributors, but only after any one candidate in a specific race spends more than $100,000 in personal funds on his or her own race.
Harmon — the most recent lawmaker to use the loophole — defended the millionaire’s exemption a decade ago as a way to level the playing field for underdogs challenged by ultra-wealthy, self-funded candidates.
None of the four lawmakers exceeding the limits has ever been threatened by self-funded millionaires. Harmon isn’t even up for re-election until 2022.
Yet, the heir apparent to Cullerton began blowing through the limits within weeks after Cullerton announced last fall that he planned to retire.
On Dec. 4, Harmon loaned his own campaign exactly $100,001, which triggered the millionaire’s exemption, and later that day the Friends of Don Harmon campaign fund collected a cascade of cash from unions, lawyers, corporations and others. In all, the fund brought in $527,300 that day, $131,600 of which came in above the limits that had been in effect one day earlier.
After he was elected Senate president, Harmon began parceling out the extra cash to favored Senate Democratic candidates and committees.
According to the fund’s latest campaign disclosures, Harmon has raised nearly $1.3 million in donations that exceed the limits, about one-third of the more than $3.9 million he raised during 2019 and 2020.
Among the contributors exceeding the limits were three PACs tied to labor unions, which collectively gave him $900,000, marijuana industry investor Stephen Schuler and his philanthropist wife, Mary Jo, who together gave $75,000, and a total of $100,000 from three gaming companies.
‘A BAD LAW AND A BAD IDEA’
The Democrats who authored the limits are not the only ones to benefit from the loopholes. The two top Republican lawmakers in Illinois, harsh critics of the reform effort they felt didn’t go far enough, are cashing in as well.
“There’s more holes in this legislation than a ton of Swiss cheese,” state Sen. Bill Brady said during a floor debate in 2009.
“Supporting this is doing nothing more but give authority to a few individuals who control party purse strings, who can raise money and shift campaign contributions,” he said “Don’t vote for this.”
Rep. Jim Durkin of west suburban Western Springs also spoke out when the General Assembly in 2012 extended the millionaire’s exemption for campaigns when outside groups independently spend more than $100,000 advocating for or against particular candidates.
“Have you forgotten the crimes of Rod Blagojevich and George Ryan? Have you forgotten how large campaign contributions to politicians made Illinois a national laughing stock?” Durkin asked during the 2012 floor debate, echoing an advocacy group’s opposition to the bill. “This is a bad law and a bad idea. Vote no.”
The reform measures followed nearly a decade of scandal in Springfield that first sent ex-Gov. George Ryan to federal prison and then former Gov. Rod Blagojevich, who was charged with — among other things — trying to sell the U.S. Senate seat then being vacated by President-elect Barack Obama. Blagojevich in 2009 was impeached and removed from office, and later sentenced to 14 years in federal prison. In February, President Donald Trump commuted Blagojevich’s sentence and he was released.
Since their failed opposition to the reform measures, both Brady and Durkin received promotions in Springfield. Brady became Senate GOP leader in 2017 and Durkin became head of the House Republicans in 2013. Three years later, Durkin became the beneficiary of the same exemption he once railed against.
On Oct. 5, 2016, records show, an independent political committee backed by then-Gov. Bruce Rauner spent $101,843 on radio ads promoting Durkin’s re-election campaign.
The group, Turnaround Illinois, was funded by Rauner, a Republican, and billionaire investor and former Chicago Tribune executive Sam Zell to help legislative candidates who sided with Rauner, and “to oppose those who stand in the way.”
Beginning the day after the exemption was triggered and throughout that October, Durkin’s campaign committee raised $12 million from Rauner, his wife, Diana, Rauner’s campaign committee, and $5 million from hedge fund founder Kenneth Griffin — all well above the limits.
Durkin ran unopposed that November, and didn’t need the $17 million for his own legislative race. Instead, he sent $14.3 million to support other Republican candidates for the General Assembly and more than $4 million to the Illinois Republican Party.
In 2018, Durkin took advantage of the loophole again, this time with help from a DC-based group called the Republican State Leadership Committee, or RSLC. The group spent $105,000 on a website promoting Durkin’s candidacy.
With limits off again, Durkin raised $6 million from Griffin, then gave $5.7 million to the House Republican Organization and another $525,000 to the Illinois Republican Party.
In June of this year, Durkin broke the limits a third time, records show, after the RSLC spent $105,000 to promote his campaign. It’s too early to tell how much Durkin will collect over the limits this year, but he’s already taken in $300,000 from the Chicagoland Operators Joint Labor-Management PAC, far above the current maximum of $57,800 for PAC donations.
Durkin’s campaign spokeswoman, Eleni Demertzis, said Durkin “has complied with the finance laws passed by the Democratic majorities. He stands by his statements from 2012 and will continue to follow the law.”
Neither Rauner, Zell, nor the RSLC responded to emailed questions or calls for comment.
Durkin’s ability to raise unusually large sums may have helped his party pick up four House seats in 2016, robbing Madigan of the Democratic “supermajority” that made it easier to override vetoes by then-Gov. Rauner.
After Brady became Senate Republican leader in 2017, the Bloomington Republican took advantage of the millionaire’s loophole in the month before the 2018 general election.
He too was unthreatened by a self-funded millionaire when he made a $100,001 personal loan to his campaign on Oct. 1, 2018, declared his race self-funded and set the stage for unlimited donations.
As a result, Griffin was able to donate a total of $1.5 million to Brady, and conservative billionaire Richard Uihlein chipped in $270,000.
Brady was unopposed in the general election and with money to spare, he helped finance Republican campaigns for the Illinois Senate, directing more than $2.5 million to the Republican State Senate Campaign Committee and distributing $327,000 among six GOP candidates facing close races against Democrats. Of those, two won.
In December 2018, Brady’s campaign repaid his loan, records show.
“One of my responsibilities is to support Republican candidates for the Senate and to work to elect more Republicans to the Illinois Senate,” Brady said in an emailed response to BGA questions. “All our fundraising and financial activities are conducted openly and legally.”
Once limits were lifted in these races, no single donor gave more than Griffin, who contributed millions to support Republicans in the General Assembly.
“Leadership in Springfield has failed to improve our schools, end decades-long corruption, and stop the pattern of reckless spending that threatens to bankrupt our state,” he said in an emailed response.
Uihlein declined to be interviewed.
‘AN EXISTENTIAL FIGHT’
In 2018 — two years after Durkin first broke the limits, — Madigan fought back, using the $100,001 technique.
On Aug. 16 of that year, the speaker personally donated one dollar above the $100,000 trigger and notified the Illinois State Board of Elections that he was “self-funding” his unopposed re-election race for state representative.
Madigan then used his district campaign committee as a depository for contributions he could disperse to other Democrats, a maneuver he’s made repeatedly over the years to help him secure his power as speaker and one of the most powerful politicians in the state.
By breaking the limits, Madigan raised nearly $12 million more than normally allowed, records show. He sent $5.9 million to the Democratic Party of Illinois and the Democratic Majority, two campaign funds he also controls and uses to distribute cash to favored Democratic legislative candidates. He also spent more than $2.1 million on payroll and other office expenses for his political organization.
The influx of cash apparently worked. Democrats gained seven House seats in 2018, restoring Madigan’s “supermajority.”
In August of 2019, Madigan broke the limits again with a second $100,001 personal donation and has since raised more than $6 million in over-the-limits funds for the 2020 election.
Madigan justified breaking the limits, saying in a written statement that the Rauner administration had attempted a “hostile takeover” of the state.
“Rauner attempted to leverage his personal fortune to bully lawmakers into enacting an extreme agenda that would have padded the profits of big corporations and further enrich billionaire CEOs,” Madigan’s statement said. “Because I stood in his way, the vast majority of this spending targeted me personally…but his real target was middle-class families.”
Since breaking the limits, Madigan's three biggest contributors have been union and construction industry PACs, which collectively donated more than $8 million during the three-year period, far above the maximum the three PACs could have donated under statutory limits.
“We saw just constant attacks on union wages, on rights at work, on workplace protections, all under the guise of workplace reforms,” said Ed Maher, spokesman for the International Union of Operating Engineers Local 150, which is affiliated with two of Madigan’s top contributors. “This is an existential fight.”
Campaign finance expert Kent Redfield, professor emeritus of political science at the University of Illinois Springfield, said the exceptions to the limits were intended to defend against ultra-wealthy candidates and interest groups.
“They were not meant to be offensive mechanisms, used proactively to gain leverage by allowing your supporters to make unlimited contributions on your behalf,” he said.
The repeated use of loopholes is “unseemly,” said Christine Radogno, Senate Republican leader until 2017.
“Stop playing the game that we have limits because we really don’t.”
Translation - Spanish HED:
Poderosos funcionarios electos exceden los límites en contribuciones políticas
DEK:
Los demócratas han destrozado el propósito de la ley que ellos mismos crearon.
Los republicanos se han aprovechado de un resquicio legal al que ellos mismos se opusieron cuando la ley se creó. Ambos partidos han recaudado millones de dólares en contribuciones.
Por Sandy Bergo y Chuck Neubauer, Better Government Association
En el 2009, con otro gobernador envuelto en escándalos, líderes demócratas de la rama legislativa de Illinois promulgaron una serie de leyes que prometían comenzar a erradicar la cultura de corrupción en Illinois.
Uno de los puntos más importantes de este conjunto de leyes fue que finalmente establecería límites estatales al financiamiento de campañas políticas. Illinois fue uno de los últimos estados en adoptar estas medidas.
El presidente de la Cámara de Representantes del estado, Michael Madigan, quien patrocinó la legislación, celebró las nuevas medidas como una forma de “ayudar a restaurar la confianza del público en el gobierno de Illinois”. El senador estatal Don Harmon, patrocinador demócrata en el Senado, elogió la ley como un paso “histórico” al promulgar “límites sobre contribución a campañas electorales, con reales acuerdos de divulgación, y estrictas medidas de cumplimiento”.
Pero años más tarde, Madigan y Harmon utilizarían un polémico resquicio escrito en la reforma para recaudar millones de dólares que superarían los límites en donaciones políticas que la ley establece.
Sus colegas republicanos también han sobrepasado estos límites. En total, cuatro de los funcionarios electos más prominentes en Illinois han recaudado un total de $44 millones más de lo que los límites de contribución permiten, según una investigación realizada por el Better Government Association.
Gran parte de dichas contribuciones fueron usadas para apoyar a otros candidatos políticos en sus respectivas cámaras, de acuerdo a registros, como una táctica para ganar su lealtad y asegurar que su estatus jerárquico dentro del partido se mantuviera intocable.
“Lo jugaron por completo”, dijo Cynthia Canary, ex directora ejecutiva de la organización, ahora llamada Reforma para Illinois, quien ayudó a negociar las medidas de la reforma hace una década.
En aquel tiempo, la ley limitó las contribuciones individuales a $5,000 por político, contribuciones corporativas y sindicales a $10,000 y contribuciones de comités de acción política (conocido en inglés como PAC) a $50,000.
Los funcionarios electos que han usado esta táctica no han ofrecido disculpas por eludir los límites como parte de una estrategia política, que señalan es necesaria para que sus partidos compitan en las elecciones.
“Como líder en la lucha contra los republicanos radicales y el partido de Donald Trump, no renunciaré a ninguna herramienta con el fin de elegir a los demócratas que los derrocarán”, dijo Harmon de Oak Park, quien en enero asumió el cargo de John Cullerton como presidente del Senado de Illinois.
La herramienta a la cual Harmon se refiere es conocida como la “exención del millonario”, que permite a todos los candidatos políticos que compiten para la Asamblea General, exceder los límites legales de sus campañas y recaudar fondos ilimitados de sus contribuyentes, siempre y cuando el candidato desembolse más de $100,000 de sus fondos personales en su propia candidatura.
Harmon, el legislador más reciente en utilizar este tecnicismo legal, defendió la “exención del millonario” hace una década como una forma de nivelar las condiciones en que candidatos más desaventajados se enfrentan en campañas políticas a candidatos ultramillonarios y autofinanciados.
Ninguno de los cuatro legisladores mencionados en esta nota ha competido contra multimillonarios autofinanciados en sus respectivas campañas. A Harmon ni siquiera le toca competir para su reelección hasta el 2022.
Aun así, Harmon comenzó rápidamente a recaudar exorbitantes cantidades de dinero solo semanas después de que su predecesor Cullerton anunciara el otoño pasado que planeaba retirarse.
El 4 de diciembre, Harmon destinó a su propia campaña exactamente $100,001, desencadenando la “exención del millonario”, y más tarde ese mismo día el fondo de campaña Amigos de Don Harmon recaudó una millonada de dinero en efectivo de sindicatos, abogados, corporaciones, entre otros. En total, el fondo acumuló $527,300 en solo un día, de los cuales $131,600 superaron los límites que habían entrado en vigor un día antes.
Después de ser elegido presidente del Senado, Harmon comenzó a repartir el dinero extra para favorecer a los candidatos y comités demócratas del Senado.
Según las últimas revelaciones a cerca de los fondos de su campaña, Harmon ha recaudado casi $1.3 millones en donaciones que exceden los límites, alrededor de un tercio de los más de $3.9 millones que recaudó durante el 2019 y el 2020.
Entre los contribuyentes que superaron los límites estaban tres grupos de PAC vinculados a sindicatos, que de forma conjunta le dieron $900,000, el inversionista de la industria de la marihuana Stephen Schuler y su esposa filántropa, Mary Jo, que en conjunto donaron $75,000, y un total de $100,000 de tres compañías de juegos de azar.
'UNA MALA LEY Y UNA MALA IDEA'
Los mismos demócratas creadores de la ley de límite de contribuciones no son los únicos que se han beneficiado bajo este vacío legal. Los dos principales legisladores republicanos en Illinois, duros críticos de esta reforma que decían era insuficiente, también se están beneficiando.
“Hay más agujeros en esta ley que en una tonelada de queso suizo”, dijo el senador estatal Bill Brady durante un debate legislativo en el 2009.
“Apoyar esta [reforma] no es más que darle autoridad a unos pocos quienes controlan el bolsillo del partido, los mismos que pueden recaudar dinero y re-asignar contribuciones de campaña”, dijo Brady. “No voten por esto”.
El representante Jim Durkin, del suburbio de Western Springs, también se pronunció cuando en la Asamblea General del 2012 amplió la “exención del millonario” para las campañas, tiempo en que grupos externos gastaban de forma independiente más de $100,000, favoreciendo o perjudicando a ciertos candidatos.
“¿Se han olvidado de los crímenes de Rod Blagojevich y George Ryan? ¿Se han olvidado cómo las grandes contribuciones de campaña a los políticos hicieron de Illinois un hazmerreír nacional?”, Durkin señaló durante el debate del 2012, apelando a un grupo activista, opositor a esta ley. “Esta es una mala ley y una mala idea. Voten no”.
Las medidas de la reforma se implementaron casi una década después del escándalo en Springfield, que primero envió al ex gobernador George Ryan a una prisión federal y luego al ex gobernador Rod Blagojevich, quien fue acusado de, entre otras cosas, tratar de vender el puesto del Senado de los Estados Unidos cuando Barack Obama (quien era senador de los Estados Unidos en ese entonces) había sido elegido presidente.
En el 2009, Blagojevich fue acusado y removido de su cargo como gobernador de Illinois, y más tarde fue sentenciado a 14 años en prisión federal. En febrero, el presidente Donald Trump revocó la sentencia de Blagojevich y fue puesto en libertad.
Desde su fallida oposición a las medidas de la reforma, tanto Brady como Durkin recibieron ascensos en Springfield. Brady se convirtió en líder del Partido Republicano del Senado de Illinois en el 2017, y Durkin se convirtió en el líder de los republicanos de la Cámara de Representantes de Illinois en el 2013. Tres años más tarde, Durkin se benefició de la misma exención que él mismo había criticado fuertemente.
El 5 de octubre del 2016, según registros, un comité político independiente respaldado por el gobernador de ese entonces, Bruce Rauner, gastó $101,843 en anuncios de radio promoviendo la campaña de reelección de Durkin.
El grupo, Turnaround Illinois — financiado por Rauner, un republicano e inversor multimillonario y el ex ejecutivo del diario Chicago Tribune, Sam Zell — fue creado para ayudar a los candidatos legislativos que apoyaban a Rauner, y “para oponerse a aquellos que se interponen en el camino”.
Solo un día después de que la “exención” comenzara y a lo largo de octubre, el comité de campaña de Durkin recaudó $12 millones de dólares por parte de Rauner, su esposa, Diana, el Comité de campaña de Rauner, y otros $5 millones de dólares por parte del fundador de fondos de cobertura, Kenneth Griffin. Todas las contribuciones excedieron los límites.
Durkin compitió por su re-elección sin oposición ese noviembre, por lo que no necesitó los $17 millones para su campaña. En su lugar, repartió $14.3 millones para apoyar a otros candidatos republicanos para la Asamblea General y entregó más de $4 millones al Partido Republicano de Illinois.
En el 2018, Durkin aprovechó el resquicio legal de nuevo, esta vez con la ayuda de un grupo con sede en Washington DC, llamado el Comité de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC por sus siglas en inglés). El grupo gastó $105,000 en un sitio web promocionando la candidatura de Durkin.
Otra vez sobrepasando los límites, Durkin recaudó $6 millones provenientes de Griffin, luego donó $5.7 millones a la Organización Republicana de la Cámara de Representantes y otros $525,000 al Partido Republicano de Illinois.
En junio de este año, Durkin rompió los límites una tercera vez, como demuestran los registros, después de que la organización RSLC gastara $105,000 para promover su campaña.
Es demasiado pronto para saber cuánto acumulará Durkin este año o si sobrepasará los límites, pero ya ha recibido $300,000 del PAC de Gestión Laboral Conjunta de los Operadores de Chicago, muy por encima del máximo actual de $57,800 por donaciones de un PAC.
La portavoz de la campaña de Durkin, Eleni Demertzis, aseveró que Durkin “ha cumplido con las leyes financieras aprobadas por las mayorías demócratas. Su postura del 2012 sigue estando vigente y continuará cumpliendo con la ley”.
Ni Rauner, Zell, ni el RSLC respondieron a preguntas hechas a través de correo electrónico o a llamadas telefónicas solicitando comentarios.
La habilidad de Durkin para recaudar sumas inusualmente grandes posiblemente haya ayudado a su partido a ganar cuatro puestos en la Cámara de Representantes en el 2016, quitándole a Mike Madigan la “supermayoría” demócrata que facilitó la anulación de vetos por el ex gobernador Rauner.
Después de que Brady se convirtiera en líder republicano del Senado en el 2017, el funcionario electo de Bloomington se aprovechó de la controversial regla cuando sin ningún escrúpulo se hizo un préstamo de $100,001 a su propia campaña el 1 de octubre de 2018, declarando su campaña política autofinanciada, lo que abrió el camino a donaciones ilimitadas.
Como consecuencia, Griffin pudo donar $1.5 millones a Brady mientras que el multimillonario conservador, Richard Uihlein, donó otros $270,000.
Brady era un candidato sin oposición en las elecciones generales y con dinero de sobra, ayudó a financiar campañas republicanas para el Senado de Illinois, destinando más de $2.5 millones al Comité de Campaña del Senado Estatal Republicano y distribuyendo $327,000 entre seis candidatos del Partido Republicano que se enfrentaban a candidaturas políticas competitivas contra los demócratas. De ellos, dos ganaron.
En diciembre de 2018, la campaña de Brady pagó su deuda, de acuerdo a los registros.
“Una de mis responsabilidades es apoyar a los candidatos republicanos para el Senado y trabajar para elegir a más republicanos para el Senado de Illinois”, dijo Brady en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de la BGA. “Todas nuestras actividades financieras y de recaudación de fondos se llevan a cabo de forma abierta y legal”.
Una vez que se levantaron los límites en estas competencias políticas, ningún donante aportó más que Griffin, quien contribuyó con millones de dólares para apoyar a los republicanos compitiendo para la Asamblea General.
“El liderazgo en Springfield no ha logrado mejorar nuestras escuelas, poner fin a la corrupción de décadas y detener el patrón de gastos excesivos que amenazan con llevar a nuestro estado a la quiebra”, dijo en una respuesta por correo electrónico.
Uihlein declinó ser entrevistado.
'UNA LUCHA EXISTENCIAL'
En el 2018, dos años después de que Durkin rompiera los límites por primera vez, Madigan se defendió, usando la técnica del $100,001.
El 16 de agosto de ese año, el presidente de la cámara se auto donó $1 dólar más que el tope de $100,000 y notificó a la Junta Electoral del Estado de Illinois que estaba “autofinanciando” su carrera de reelección para representante estatal.
Madigan luego usó su Comité de campaña de distrito como un banco de depósitos de contribuciones que podría ser distribuidas a otros demócratas, una maniobra que ha repetido a lo largo de los años para asegurar su poder como presidente, convirtiéndose en uno de los políticos más poderosos del estado.
Al exceder los límites, Madigan recaudó casi $12 millones de dólares más de lo que normalmente está permitido, los registros indican. El poderoso político dio $5.9 millones al Partido Demócrata de Illinois y a la mayoría demócrata, dos fondos de campaña que también controla y utiliza para distribuir dinero en efectivo a los candidatos legislativos demócratas que le favorecen. También gastó más de $2.1 millones en nómina y otros gastos de oficina para su organización política.
Aparentemente, la inyección de dinero funcionó. Los demócratas ganaron siete puestos en la Cámara en el 2018, reestableciendo la “supermayoría” de Madigan.
En agosto del 2019, Madigan excedió los límites nuevamente con una segunda donación personal de $100,001 y desde entonces ha recaudado más de $6 millones en fondos que sobrepasan los límites para las elecciones de este año.
Madigan justificó su actuar, diciendo en una declaración escrita que la administración Rauner había intentado una “toma hostil” del estado.
“Rauner intentó aprovechar su fortuna personal para intimidar a los legisladores de promulgar una agenda extrema que solo beneficiaría a las grandes corporaciones, enriqueciendo aún más a los directores ejecutivos multimillonarios”, dijo Madigan. “Debido a que yo era un estorbo en su camino, la gran mayoría de sus gastos iban dirigidos en mi contra... pero su verdadero objetivo era contra las familias de la clase media”.
Desde que excedió los límites, los tres mayores contribuyentes de Madigan han sido comités de PAC de sindicatos y de la industria de la construcción, que colectivamente donaron más de $8 millones de dólares durante un período de tres años, muy por encima del máximo que las tres PAC podrían haber donado bajo los límites legales.
“Vimos ataques constantes a los salarios sindicales, a los derechos laborales, a las protecciones en el lugar de trabajo, todo bajo el pretexto de reformas laborales”, dijo Ed Maher, vocero del Sindicato Internacional de Ingenieros Locales 150, que está afiliada a dos de los principales contribuyentes de Madigan. “Esta es una lucha existencial”.
El experto en finanzas de campañas electorales, Kent Redfield, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Illinois en Springfield, dijo que las excepciones a los límites tenían como objetivo defenderse de los candidatos y grupos de interés ultra millonarios.
“La intención no era crear mecanismos de ataque, ni para ser utilizado proactivamente para ganar ventaja al permitir que sus partidarios hicieran contribuciones excesivas en su nombre [del candidato]”, dijo.
El uso repetido de esta este vacío legal “no se justifica”, dijo Christine Radogno, líder republicana del Senado hasta el 2017. “Dejen de jugar el juego de que tenemos límites porque realmente no los hay”, dijo.
Traducido por Marcela Cartagena
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